Oficina de Asuntos Públicos

Albemarle Corporation (Albemarle), una empresa de fabricación de productos químicos especializados que cotiza en bolsa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, acordó pagar más de 218 millones de dólares para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) derivada de la participación de Albemarle en esquemas corruptos para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales en múltiples países extranjeros.

Según las confesiones de la compañía en relación con la resolución del Departamento, entre 2009 y 2017, Albemarle, a través de sus agentes de ventas externos y empleados subsidiarios, conspiró para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales para obtener y retener negocios de catalizadores químicos con refinerías de petróleo de propiedad estatal. en Vietnam, Indonesia y la India. Albemarle obtuvo ganancias de aproximadamente 98,5 millones de dólares como resultado del plan.

"Albemarle ganó casi $100 millones participando en planes para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales en múltiples países", dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia. “Como deja claro el anuncio de hoy, el Departamento de Justicia trabajará incansablemente con nuestros socios en la lucha actual contra la corrupción internacional. La resolución de hoy también demuestra los beneficios reales que las empresas pueden recibir si revelan sus malas conductas, cooperan sustancialmente y remedian ampliamente”.

En Vietnam, Albemarle obtuvo de manera corrupta contratos en dos refinerías de petróleo estatales a través de un agente de ventas intermediario que solicitó mayores comisiones para pagar sobornos a funcionarios de Vietnam y estructurar los requisitos de licitación para favorecer a Albemarle. En Indonesia, Albemarle utilizó un tercero intermediario para obtener de manera corrupta negocios de catalizadores con la compañía petrolera estatal de Indonesia, incluso después de que ese tercero intermediario le hubiera informado a Albemarle que era necesario pagar sobornos a funcionarios indonesios para obtener negocios. En India, Albemarle utilizó un intermediario externo para retener de manera corrupta el negocio de catalizadores con la compañía petrolera estatal de la India evitando que Albemarle fuera incluido en la lista negra.

“La corrupción no tiene fronteras, pero tampoco la justicia”, dijo la fiscal federal Dena J. King para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. “Se espera que las empresas cumplan con los mismos estándares éticos y legales ya sea que hagan negocios en suelo estadounidense o en el extranjero. La eventual revelación voluntaria del fraude por parte de Albemarle y los esfuerzos posteriores para remediar sus prácticas comerciales en el extranjero son un paso en la dirección correcta para la empresa. Por encima de todo, el anuncio de hoy subraya nuestro compromiso de luchar contra la corrupción que afecta a Estados Unidos sin importar dónde ocurra”.

Albemarle celebró un acuerdo de no procesamiento (NPA) de tres años con el Departamento y acordó pagar una multa de aproximadamente $98,2 millones y un decomiso administrativo de aproximadamente $98,5 millones. La multa refleja una reducción de $763,453 bajo la Parte II del Programa Piloto de Incentivos de Compensación y Recuperaciones de Marzo de 2023 de la División Penal para las bonificaciones que la compañía retuvo a los empleados calificados. Además, Albemarle pagará aproximadamente 103,6 millones de dólares en intereses de devolución e intereses previos al fallo como parte de la resolución de la investigación paralela de la SEC. El Departamento acordó acreditar aproximadamente $81,9 millones del decomiso que se pagará al Departamento contra la devolución que Albemarle acordó pagar a la SEC.

"La resolución de $218 millones anunciada hoy refleja el compromiso de los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para exponer e interrumpir agresivamente a las organizaciones involucradas en prácticas comerciales sin escrúpulos", dijo el jefe del IRS-CI, Jim Lee. "Gracias a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel nacional e internacional, nos hemos asegurado de que Albemarle rinda cuentas por sus fechorías".

De conformidad con la NPA, Albemarle acordó continuar cooperando con el Departamento en cualquier investigación criminal en curso o futura relacionada con esta conducta. Además, Albemarle acordó continuar mejorando su programa de cumplimiento y proporcionar informes al Departamento sobre la remediación y la implementación de medidas de cumplimiento durante el período de tres años del NPA.

El Departamento llegó a esta resolución con Albemarle basándose en una serie de factores, incluidos, entre otros, la naturaleza y gravedad del delito. Albemarle reveló voluntariamente al Departamento la conducta que forma la base de la resolución; sin embargo, la divulgación no fue “razonablemente rápida” según se define en la Política de Autodivulgación Voluntaria y Cumplimiento Corporativo (CEP) de la División Penal y las Directrices de Sentencia de EE. UU. § 8C2.5(g)(1). Albemarle recibió crédito bajo el CEP por su cooperación con la investigación del Departamento, que incluyó (i) revelar voluntariamente la conducta que forma la base de este acuerdo antes de que llegara a la atención del Departamento; (ii) proporcionar rápidamente información obtenida a través de su investigación interna, lo que permitió al gobierno preservar y obtener evidencia como parte de su propia y extensa investigación independiente; (iii) realizar presentaciones periódicas y detalladas al Departamento; (iv) identificar proactivamente información previamente desconocida para el Departamento; (v) atender con prontitud las solicitudes del Departamento; (vi) hacer que los empleados radicados en el extranjero estén disponibles voluntariamente para entrevistas en los Estados Unidos; (vii) recopilar y producir voluminosos documentos y traducciones relevantes para el Departamento, incluidos documentos ubicados fuera de los Estados Unidos; y (viii) presentar documentos al Departamento desde países extranjeros de manera que no implicaran leyes extranjeras de privacidad de datos. La compañía rápidamente tomó amplias medidas correctivas que incluyeron, entre otras cosas, (i) comenzar medidas correctivas basadas en su investigación interna de la mala conducta antes del comienzo de la investigación del Departamento; (ii) disciplinar a los empleados involucrados en la mala conducta, incluido el despido de 11 empleados y la retención de bonificaciones a 16 empleados; (iii) fortalecer su programa de cumplimiento anticorrupción invirtiendo en recursos de cumplimiento, ampliando su función de cumplimiento con personal experimentado y calificado, y tomando medidas para incorporar el cumplimiento y los valores éticos en todos los niveles de su organización empresarial; (iv) transformar su modelo de negocio y proceso de gestión de riesgos para reducir el riesgo de corrupción en sus operaciones e incorporar el cumplimiento en el negocio, incluida la implementación de una estrategia de comercialización que resultó en la eliminación del uso de agentes de ventas en toda la empresa, despidiendo a cientos de otros representantes de ventas externos, como distribuidores y revendedores, y pasar a un modelo comercial de venta directa; (v) proporcionar una amplia capacitación a su equipo de ventas y reestructurar las compensaciones e incentivos para que las compensaciones ya no estén ligadas a los montos de las ventas; (vi) utilizar análisis de datos para monitorear y medir la efectividad de su programa de cumplimiento; y (vii) participar en pruebas, monitoreo y mejora continua de todos los aspectos de su programa de cumplimiento comenzando casi inmediatamente después de la identificación de la mala conducta. A la luz de estas consideraciones, la sanción penal calculada según las Directrices de Sentencia de EE. UU. refleja una reducción del 45 % del límite inferior del rango de multas de las directrices aplicables.

El IRS-CI está investigando el caso.

La abogada litigante Katherine Raut de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal federal adjunto Daniel Ryan para el Distrito Oeste de Carolina del Norte están a cargo de la acusación en el caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades de Indonesia e India brindaron asistencia sustancial en el asunto.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.